José Arlex Arias, La Verdad, Cartagena, octubre 24 de 2016
Uno de los múltiples lastres que carga Transmilenio –modelo bogotano del Sistema Integrado de Transporte Masivo que implementa la monopolización en pocas manos del transporte de pasajeros– es el de los propietarios que denuncian, que a pesar de muchas demandas, no les han cancelado la compensación por la chatarrización de sus buses, para muchos, su única herramienta de sustento. Transcaribe –ejemplo emblemático de: incapacidad, desidia y negligencia– no se queda atrás en este tema. Su entonces gerente, José López, informó que “un total de 1.590 automotores saldrán del servicio” y calificó como “trascendental el acuerdo logrado con los más de 900 propietarios de los buses, busetas y microbuses fijando la suma de $227 mil millones para el proceso de chatarrización con el fin que entre a operar la nueva flota de articulados, padrones y busetones que harán parte de la operación de Transcaribe”
Es un lugar común ver protestar a los propietarios de buses y busetas, a quienes no les han desembolsado las compensaciones, que bajo el principio de la confianza debida autorizaron su desintegración, previa inscripción, que según Transcribe “había plazo hasta el 26 de octubre de 2015, en una primera fase de 757 vehículos… la mitad de todo el parque automotor del Transporte Público Corriente –TPC–, el cual está garantizado tras conocerse los desembolsos al Fondo Unificado de Desintegración y Operación, FUDO, por los concesionarios Sotramac y Transambiental”, aseguró el siguiente gerente de Transcaribe, Carlos Coronado Yances.
Los transportadores cumplían con entregar los vehículos para ser reciclados pero los dineros no se hacían efectivos, por lo cual apareció el alcalde Manuel Duque, que con foto de cheque aseguró: “El Distrito aporta $23 mil millones, que provienen de ingresos corrientes, que van $18.500 millones a chatarrización de vehículos y el excedente al fondo de operación del sistema. Dejando en claro que los concesionarios Sotramac y Transambiental también deben aportar para la chatarrización”. Según los propietarios de los vehículos a chatarrizar, al FUDO no se han entregado ni la mitad de los recursos que debía tener en estos momentos, los que calculan en cerca de $108 mil millones, motivo por el cual les incumplen los pagos, ocasionando las protestas que se hacen cada vez más evidentes, como la del presente mes.
Diferentes sectores ponen en duda las finanzas y liquidez de Transcaribe, que tiene funcionando 120 vehículos cuando en este momento debían circular 350, ocasionando toda clase de incomodidad a los usuarios, comenzando con que movilizan cerca de 90 mil pasajeros diarios cuando debían ser 450 mil, con los cuales se genera parte del punto de equilibrio económico. Hay denuncias de los propietarios del TPC que indican que los concesionarios han incumplido algunos de sus compromisos, lo que debe aclarar Transcaribe; también las denuncias de medios de comunicación en el sentido que los bancos tampoco lo han apalancado con créditos, que demostraría el grado de exposición en que están quedando las arcas del Distrito por posibles múltiples demandas, al ser el garante final de este proceso. “Sí hay plata: paguen!