A pesar del reconocido impacto negativo en la industria colombiana, el presidente Santos insistió en la aprobación del tratado de libre comercio con Corea. Antes de la revisión de este acuerdo por parte de la Corte, se presentan algunas evidencias de los resultados lesivos que tendría para el país su ratificación.
En diciembre de 2014, el Congreso de la República aprobó el TLC con corea, sin haber debatido a fondo su contenido. Aunque las supuestas ganancias del agro no están probadas y la afectación al aparato industrial colombiano es reconocida hasta por el Gobierno, el presidente Santos lo aprobó, después de que en junio de 2014 se había hundido en la Cámara de Representantes.
En mayo de 2012, cuando entró en vigencia el TLC con Estados Unidos, el Gobierno de turno desarrolló la teoría de que Colombia obtendría beneficios, porque el país del norte tenía muchos habitantes, un pib per cápita abultado y un alto nivel de consumo. No obstante, en los primeros dos años de su implementación, Colombia perdió 12.000 millones de dólares de comercio con ese país y hoy presenta el déficit comercial más grande de su historia: 6.293 millones.
¿Qué salió mal? Sencillo: el comercio mundial no funciona según las teorías de los defensores de los TLC en Colombia. La evidencia muestra que el 67 % del comercio global corresponde a la industria manufacturera. De este, el 85 % lo realizan Estados Unidos, la Unión Europea y 13 países más, entre los que está Corea.
El comercio entre estas naciones no depende de tratados, sino de su capacidad productiva, especialmente en bienes industriales. Más que este en sí mismo, lo importante es cuáles bienes o servicios se transan. Esto explica por qué Colombia participa apenas con el 0,09 % del comercio mundial.
Nuestro país es un perdedor en este campo, porque no les ofrece a sus socios mercancías transformadas que produzcan riqueza. El 80 % de las exportaciones son hidrocarburos y minerales, que ya están en la tierra, además Colombia no fabrica las máquinas para la extracción, ni transforma las materias primas, con lo cual deja de capturar el valor agregado más importante de esta industria.
Por eso, no hay duda de que el TLC con Corea traerá la quiebra de la poca industria colombiana. El Gobierno nacional afirma que lo que perderemos en la industria automotriz, de autopartes y de electrodomésticos, se compensará vendiendo productos agrícolas. Aunque Corea es un importador neto de alimentos, el 93 % de sus necesidades las satisface con sus proveedores tradicionales que están más cerca y le venden más barato: Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia, la Unión Europea y China.
Lo más vergonzoso es que hace cinco décadas este país era sustancialmente más pobre que Colombia. Mientras aquí se siguieron al pie de la letra los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, para especializarnos en minería, café, banano y flores, los coreanos implementaron una política de estímulo y protección a la industria. Buscaron hacerla competitiva inicialmente en bienes de consumo básicos hasta llevarla a la producción de alta tecnología, como computadores, celulares, vehículos y barcos.
Hoy, Corea es la séptima potencia exportadora del planeta, vende 573.100 millones de dólares al año, 10 veces más que Colombia, y el 86 % de lo que exporta son bienes industriales. Nos supera ampliamente en casi todos los indicadores de competitividad, en infraestructura, instituciones, innovación, entorno macroeconómico, preparación tecnológica y mercado financiero.
Competencia perdida
Un aspecto fundamental para la competitividad de los empresarios colombianos, además de contar con una óptima infraestructura vial, costos de energía razonables, estabilidad jurídica, un sistema tributario simplificado y seguridad, es el acceso a recursos de capital y de deuda con costos financieros competitivos.
En esa materia, el país está rezagado frente a Corea del Sur, donde el sistema financiero irriga ingentes recursos a bajo costo para apalancar la actividad empresarial, que además se enfoca en exportaciones de bienes y servicios con valor agregado.
Allá, el monto del crédito que va desde el sector financiero al privado corresponde al 135 % del PIB, mientras en Colombia alcanza solo el 50,3 %. La brecha entre las tasas de interés a las que se financian los empresarios de ambos países también es sustancial.
En Colombia, las medianas empresas obtienen crédito bancario a una tasa promedio del 11 % efectivo anual, que puede llegar al 17 % para las más pequeñas. Las grandes, entretanto, pueden obtener financiación con tasas del 7,5 %.
En Corea, en cambio, el crédito a la pequeña y mediana empresa tiene un costo anual del 4,6 % en promedio, al tiempo que el de las grandes es de solo el 4 %.
Estas situaciones revelan tres circunstancias críticas. En primer lugar, el sistema financiero del país asiático tiene mayor capacidad de apalancamiento de la economía real, es decir, los empresarios disponen de más recursos financieros para sus actividades, en una proporción de casi 3 a 1 como porcentaje del pib. En Corea del Sur, el pib en dólares corrientes asciende a 1,3 billones, mientras el de Colombia es de 378.000 millones.
En segundo lugar, la amplia brecha en las tasas de interés muestra que los empresarios nacionales tienen que asumir mayores riesgos para alcanzar la rentabilidad mínima que garantice el repago de sus deudas, dado que mayor rentabilidad conlleva mayor riesgo en los negocios o emprendimientos.
En tercer lugar, como consecuencia de estos escenarios, muchos proyectos y empresas colombianas pueden ser inviables frente a la rentabilidad mínima que requieren para satisfacer los costos de deuda y capital. Por ejemplo, una empresa con una rentabilidad en sus exportaciones hacia Corea del 7 % es inviable desde el punto de vista financiero, porque aunque su rentabilidad es positiva, sigue siendo menor a los costos de financiamiento y capital. Bajo esas condiciones, resulta mejor prestar dinero a sus empresas antes que capitalizarlas.
En cambio, para una compañía coreana con tasas de interés bajas y mayor volumen de recursos disponibles, sus proyectos son viables con rentabilidades menores que las colombianas, que aspiran a competir con ellas en el escenario comercial o de manufacturas.
Esto significa que los proyectos de producción o exportación que una empresa colombiana tiene que desechar porque su rentabilidad no cubre los costos de financiamiento, sí pueden ser ejecutados por una coreana. Además de que no pueden competir, las nacionales son reemplazadas por la producción extranjera, que trae incorporados menores costos de capital en sus precios finales.
La firma del TLC con Corea indica que Colombia seguirá apostándole a la extracción de carbón y petróleo y a los monocultivos tropicales, como profundización de la política que la rezaga cada vez más de las principales potencias.
Someter el sector productivo a una competencia imposible de ganar es decretar su desaparición. Así, la ilusión de comprar celulares o vehículos más baratos desde Corea se desvanece en la medida que la ruina de sectores productivos en el agro y la industria aumente el desempleo y la informalidad, frenando también el consumo.
La mejor decisión que podría tomar la Corte Constitucional, en defensa de los intereses del país es declarar la inconstitucionalidad de este acuerdo que viola uno de los principios esenciales del Estado, consignado en el Artículo 2 de la Constitución: “Promover la prosperidad general”.