Dieciséis años son suficientes para hacer un balance de lo que ha sido la vinculación de Gas Natural Fenosa a la Costa Atlántica, después de la enajenación de las siete electrificadoras de la región, primero a otra empresa foránea y luego a Unión Fenosa, según se habla, por valor de 450 millones de dólares (a precio de gallina flaca).
LA INFRAESTRUCTURA CONTINÚA EN LA OBSOLESCENSIA. Expertos en el sector eléctrico diagnostican que el atraso tecnológico es alrededor de veinte años o más. Recordar las épocas de Corelca, empresa pública, que levantó buena parte de la infraestructura con cargo a una sobretasa pagada por los costeños por veinte años. En alguna medida Gas Fenosa ha desmejorado las redes como es el caso de quitar las redes de cobre, buen conductor de energía, para reemplazarlas por aluminio de mala calidad (lo cual fue admitido por el presidente de Electricaribe José García Sanleandro en entrevista con La Silla Vacía).
El deterioro también se aprecia en la fuerza laboral ya que se ha dedicado a la tercerización en las labores misionales, como lo dicen las cifras de la misma empresa. Menos cuadrillas de trabajadores que antes, menos vehículos para las reparaciones. Todo en desmedro de un buen servicio.
LA NORMATIVIDAD TARIFARIA DE LA CREG ATENTA CONTRA LOS USUARIOS. Un estudio de la Ecsim contratado por el gobierno actual a través de Bancoldex, dice que tenemos una de las tarifas más altas del mundo y que se pueden hacer modificaciones para moderar las tarifas. Resultado: el estudio fue dejado de lado. Las tarifas son tan altas porque las empresas distribuidoras como Electricaribe 1) Cobran la infraestructura como nueva, siendo obsoleta. Se llama reposición a nuevo. 2) Le permiten a estas empresas tener las más altas rentabilidades del mundo, el 13,9%, el llamado WACC, cuando el promedio internacional es de 8%. 3) Les cobran a los usuarios vía tarifas el impuesto de renta del 33% cuando realmente pagan el 20% según reporte de la Dian. Este extra cobro puede sobrepasar el billón de pesos al año contra los usuarios por parte de las empresas de energía y gas del país. Además la Creg está por aprobar una nueva normativa tarifaria para un periodo de cinco años y estas iniquidades se mantienen, algunas que se relacionan con el Código Penal, como lo demostró el senador Robledo recientemente en la comisión quinta del senado.
EL PLAN5CARIBE RESULTÓ COMO PAÑITOS DE AGUA TIBIA. A mediados del año pasado a raíz de las protestas permanentes de los usuarios el Ministerio de Minas presentó el Plan5Caribe como la solución a la problemática eléctrica. Los Indignados con Electricaribe dijimos que eran pañitos de agua tibia porque de los 4 billones para inversión, tres billones eran para el STN y STR que no son de Electricaribe y un billón tenía que aportar esta empresa, todo vía tarifas, no sale un peso nuevo de esa empresa, pero además completamente insuficiente, 250.000 millones anuales para todo el atraso tecnológico. Ahora la CGR y la gerencia del plan dice que apenas ha cumplido con el 19%.
EL MITO DE LA CULTURA DEL NO PAGO. El recaudo a 31 de diciembre de 2015 fue de 83,9% en los clientes residenciales y sector comercial e industrial. En cuanto a energía social, que atendía zonas especiales, difícil gestión y barrios subnormales el recaudo ha venido mejorando según el último balance de la empresa así: 2014, el 42,02% y el 2015, el 75,61%. No es cierto lo de la cultura del no pago, por ejemplo en casos de agua y gas los recaudos son alrededor del 95%. Es un insulto a la ciudadanía. Lo que sí existe son los cobros amañados y excesivos principalmente a los sectores más desprotegidos, violando el contrato de condiciones uniformes (que casi nadie conoce porque no lo entregan) por ejemplo en el compromiso de Electricaribe de entregar una energía de calidad y continua y de mínimo 110 voltios cuando no llega muchas veces a noventa, lo que es un fraude permanente, además de atentar contra los artefactos eléctricos que muchas veces se dañan por esa causa y aumentan los consumos lo que lleva a cobros más altos.
EL INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO EN CONDONAR LA DEUDA DE ENERGIA SOCIAL. En la Cumbre Energética del 14 de enero pasado en Barranquilla el presidente Santos se comprometió a cancelar la deuda de $400.000 millones a 400.000 usuarios, deuda que debe ser auditada y depurada, pero que debe ser cumplida la palabra empeñada.
LA INTERVENCIÓN DE LA SUPERSERVICIOS SE JUSTIFICA PLENAMENTE. Prácticamente todas las causales del artículo 59 de la ley 142 de 1994 se le pueden aplicar a Electricaribe. Lo que ha faltado es voluntad política. Se puede intervenir cuando no presta el servicio de calidad y continuo, si hay perturbaciones del orden público, si se teme que puede suspender pagos de obligaciones mercantiles (MX), etc. Esta medida ha tomado mucha fuerza en distintos sectores de parlamentarios, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, gremios, usuarios, pero el gobierno le teme a una confrontación con la trasnacional Gas Natural Fenosa.
TRATADOS LEONINOS LA TABLA DE SALVACIÓN DE FENOSA. Cuando más aislada estaba la empresa, como lo estuvo en Guatemala y República Dominicana, donde fue expulsada por la iracundia de la población, Fenosa saca la carta marcada del tratado de protección recíproca de inversiones (ley 437 de 1998) que le da seis meses para tratar las controversias con el gobierno y luego la empresa decide unilateralmente el camino a seguir: tribunales de Colombia (que no los va a aceptar), arbitramento de las Naciones Unidas, o Acuerdos Internacionales de resolución de conflictos, en los cuales está perdida Colombia porque los tribunales de arbitraje son de tres árbitros y Colombia solo tiene uno. También tiene a su favor Fenosa el TLC con la Unión Europea que aprobó el congreso y firmó el gobierno. Se trata de la entrampada de nuestro país por cuenta de estos tratados desiguales, que hacen que las soluciones a las controversias con empresas foráneas estén por fuera del ordenamiento jurídico interno.
SOLUCIÓN ESTRUCTURAL A LA CRISIS ELÉCTRICA DE LA REGIÓN CARIBE
La solución estructural a la crisis eléctrica de la Costa tiene como aspecto central, sine qua non, una gigantesca inversión que modernice la infraestructura obsoleta, a lo cual no está dispuesta Gas Natural Fenosa, lo mismo que otros inversionistas privados nacionales y extranjeros, por lo que le correspondería al Estado, como lo viene haciendo con los Prones y Faer ($700.000 millones en últimos diez años). Aquí hay dos variantes: que la inversión estatal se capitalice a su favor y se refleje en la composición accionaria de Electricaribe lo que impactaría las tarifas al tenor de la ley 142 de 1994, o que no se capitalicen las acciones y no impacten las tarifas pero queda un cierto vacío en la propiedad de la nueva infraestructura. Es clave que se mantenga la integralidad de la empresa por razones de economía de escala, sería un gran error segmentar la distribución y comercialización de la energía en la Costa, un retroceso. En segundo lugar hay que pugnar por modificar la normativa tarifaria para quitarle gabelas a los oligopolios, que no cobren las redes viejas como nuevas, que la rentabilidad baje al promedio mundial del 8% y que no le cobren a los usuarios los impuestos de renta que no le pagan al fisco.
En cualquiera de las salidas es necesario preservar los derechos convencionales de los trabajadores activos y de los pensionados, como también actuar para que los trabajos misionales sean realizados por operarios que tengan contratación directa con la empresa que sea por todos los riesgos que entrañan estas labores.
Finalmente, los usuarios residenciales y de la pequeña y mediana industria reclamamos nuestra participación activa en la búsqueda de soluciones a una problemática de la cual depende la calidad de vida de más de diez millones de habitantes y la competitividad del sector productivo.