Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato, Asomitrama, Marmato, marzo 1 de 2017
La Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato rechaza enérgicamente la decisión de la multinacional Gran Colombia Gold de demandar al Estado colombiano por 700 millones de dólares debido a que no se ha materializado su solicitud de desalojo de minas que reclama como propias pero cuyos títulos se encuentran en una disputa jurídica desde hace varios años.
Lo que oculta el matoneo de la trasnacional canadiense es la ilegalidad bajo la cual Gran Colombia Gold y sus sucesoras (Colombia Goldfields y Medoro Resources) obtuvieron y han mantenido los títulos de más de 80 minas en Marmato. La empresa accedió en 2008 a decenas de títulos en la parte alta del Cerro El Burro con el propósito de realizar un proyecto de minería a cielo abierto, pese a que la Ley 66 de 1946 y el Decreto 2223 de 1954 -normas que siguen vigentes- señalan que en esa zona solo se puede realizar minería de subsistencia. La ilegalidad se agrava ya que la mayoría de las minas compradas fueron inmediatamente selladas y abandonadas, razón por la cual el Estado colombiano debió declarar la caducidad de los títulos en cumplimiento del Código de Minas, que estipula que la no realización trabajos o su suspensión por más de 6 meses propicia la terminación del contrato.
El Gobierno Nacional se ha hecho el de la vista gorda ante las ilegalidades de la Gran Colombia Gold, denunciadas ampliamente por la comunidad desde hace 8 años, mientras es cómplice de las pretensiones de la multinacional, al señalar constantemente que la única vía para los mineros marmateños es abandonar las minas y buscar otra ocupación.
Resulta sospechoso que ante la multimillonaria demanda que pretende instaurar la compañía contra el Estado, el Presidente Santos, el Ministro de Minas y la directora de la Agencia Nacional de Minería guarden silencio, a sabiendas de los evidentes actos de ilegalidad de la trasnacional y teniendo en cuenta que los hechos que alega la empresa fueron anteriores a la entrada en vigor del TLC entre Canadá y Colombia en 2011, toda vez que el abandono de las minas sucedió en 2008 y la recuperación de las mismas por parte de la población se dio entre 2009 y 2010.
Es repudiable además que ante esta amenaza, el Gobierno Departamental, en cabeza del Secretario de Gobierno Carlos Alberto Piedrahita, se ponga la camiseta de la multinacional, presionando al Alcalde de Marmato para que ordene el desalojo de 2.000 mineros mediante un operativo con más de 500 policías, ESMAD y Ejercito Nacional, en lugar de defender el bienestar de los trabajadores de la población. Si la “mediación” de la Gobernación de Caldas consiste en dirigir una operación de represión que afectará la tranquilidad del pueblo y generará una profunda crisis social y económica, quedará claro para nosotros que esta entidad decidió respaldar el objetivo de la multinacional de destruir nuestro municipio en vez de apoyar los reclamos de los pobladores que viven desde hace 500 años de la pequeña minería.
La Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato llama a los caldenses y colombianos a respaldar las acciones que se emprenderán en contra de esta nueva amenaza contra el pueblo marmateño y le exige a los gobiernos nacional y departamental que desvirtúen los argumentos de la demanda de Gran Colombia Gold contra el Estado colombiano, se abra investigación sobre la obtención y abandono de los títulos de las minas de la multinacional en el municipio y se cancelen inmediatamente los operativos de desalojo.