Con la expedición de la Constitución Política de 1991 y, en consonancia con las tendencias globales impuestas por el modelo neoliberal en boga, se implementaron en la nación un conjunto de políticas públicas que tenían como objetivo garantizar rentabilidad para los principales actores internacionales, a saber, las empresas trasnacionales.

Para ello, se adecuó la economía nacional y local a las exigencias del capital internacional, especialmente el norteamericano, que en aras de obtener el máximo beneficio posible, convirtió áreas primordiales de bienestar social, como lo son los servicios públicos domiciliarios, en filones de negocios rentables, para así saciar su búsqueda constante de máxima ganancia a cualquier costo.

Para lograr tal cometido, se introdujeron los procesos de privatización de las principales empresas del Estado, encargadas de la prestación de servicios públicos. Tal hecho, justificado según los ayatolas del neoliberalismo, “por la ineficiencia y corrupción” inherente a estas entidades.

Además, se indicó reiteradamente que con la privatización se lograría la eficacia en la prestación del servicio y su universalización; que la población tendría, además, acceso constante y oportuno a estos a un costo reducido; y, por último, que estas dinámicas acciones lograrían las grandes transformaciones sociales que requiere el país. Es decir, en voces de sus principales escuderos, pasaríamos así del infierno en que vivíamos al Edén añorado.

Sin embargo, estas afirmaciones, alegres por demás, han venido siendo desmentidas por la fuerza de los hechos. Tales empresas no cumplieron con lo que pregonaron sus defensores. Por el contrario, el deterioro en la prestación de los servicios públicos esenciales en la actualidad es una realidad inexorable, como lo es también el hecho de que a costa de lo anterior han venido obteniendo astronómicas utilidades.

Al examinar un caso particular y concreto como la situación del servicio de agua potable y alcantarillado en Cartagena, es posible develar la naturaleza de estas políticas privatizadoras.

En la ciudad, el servicio de agua potable es suministrado por la empresa Aguas de Cartagena, cuyos socios principales son el Distrito y la multinacional española Aguas de Barcelona.

Esta empresa ha venido exhibiendo excelentes indicadores financieros, a pesar de que el evidente pésimo servicio que brinda pretenda contradecir lo anterior.

En efecto, el último informe publicado por la firma interventora del contrato de Acuacar, precisa que el recaudo de esta empresa pasó, en el año 2008, de $55 mil millones a más de $ 63 mil millones en 2010.

Asimismo, se puede subrayar cómo en el primer trimestre de 2010, el recaudo alcanzado por dicha empresa aumentó en más de $ 3.807 mil millones en relación con el año 2009.

Además, sus ingresos por recaudo efectivo, es decir, los ingresos que realmente le quedan a la empresa, pasaron de un 43,31 % a un 44,7 %. Un incremento de 7,27 % en un año, con una utilidad neta del 20% entre 2009 y 2010.

No obstante, sus operaciones y procedimientos financieros no se han reflejado en mejoras en la prestación del servicio; sino, por el contrario, en un deterioro del mismo.

Verbigracia, en Cartagena existen más de 18 mil cartageneros sin servicio de agua potable y alcantarillado debido a los altos costos de las tarifas, explicadas en buena medida por las pérdidas de agua tratada que presenta Acuacar. Es decir, las pérdidas en los flujos de agua que son trasladadas a las plantas de tratamiento para transformarse en agua adecuada para el consumo, debido a los deficientes procedimientos que esta empresa utiliza.

Estas pérdidas se elevaron del 43.16% en el primer trimestre de 2010, a 44,21% en el segundo trimestre de ese mismo año. A pesar de que en el contrato de concesión se estipuló que el índice de pérdidas de aguas tratadas permitido no podía superar el 25 % del volumen total direccionado a las respectivas plantas.

No obstante, a pesar de esta restricción contractual del operador, se ha seguido burlando esta obligación, dilapidando así más de 12.664.117 m3, que los usuarios, léase bien, ¡deben cancelar en sus respectivas facturas!

En ese sentido, experimentamos como hecho irrefutable la transformación de un derecho fundamental en vulgar y execrable negocio; diseñado y estructurado desde el Estado para satisfacer la insaciable sed de ganancias del capital financiero y trasnacional.

¡Allí radica la supuesta eficiencia del sector privado en la prestación de los servicios públicos domiciliarios!

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