Libardo Gómez Sánchez, Neiva, diciembre 5 de 2016

Por estos días el senador Jorge Enrique Robledo publicó un texto sobre la corrupción en Colombia en el que explica como esta funesta costumbre del sector público y privado dejó de ser una práctica ocasional de ciertos individuos para convertirse en una habilidad propia de quienes gobiernan, legislan y juzgan apoyándose en disposiciones legales que no impiden, sino por el contrario estimulan el ejercicio de la deshonestidad y la presentan como una virtud de los empresarios y gobernantes que se enriquecen esquilmando las arcas del erario público; casos como Isagen, Saludcoop, Reficar, Urrutia y otros que denunció en sus debates en el congreso documentan esta realidad que amenaza el futuro de los colombianos; pero esta actitud no es exclusiva de las altas esferas también ha venido filtrando hacia debajo de mil maneras de las cuales algunas nos sirven de ejemplo; un primer caso se presenta en el Magdalena Medio, en concreto en el municipio de La Dorada, en el pasado la población sufría el flagelo de la extorsión ilegal de las Farc y los paramilitares, ahora a un particular amparado en la ley con el apoyo de un Alcalde y su Concejo Municipal en asocio con la Secretaría de Tránsito le concesionaron el uso de la foto multa, para tal comisión del delito han puesto en la carretera un avisillo imperceptible al paso del municipio con 40 kilómetros por hora como límite de velocidad, de tal suerte que ni Nairo Quintana puede arriesgarse con su bicicleta a transitar por tal lugar so pena de recibir un comparendo por acelerar demasiado su velocípedo; mediante este espurio mecanismo atrapan un universo inmenso de automovilistas de todo el país que requiere transitar por sus vías, suerte similar viven ciudades como Barranquilla, Chinchina y otras en donde a particulares se les facultó para definir las reglas del tráfico en sus vías para conveniencia de sus negocios y en detrimento del bolsillo de los desprevenidos conductores con el engañoso argumento de educar a los infractores.

En la misma dirección nos encontramos con la concesión de los municipios a las grúas que recogen las motos y vehículos en supuesta contravención, en especial de parqueo; comisiones de guardas de transito y policía con la grúa incluida, caen a zonas de usuarios de salud en donde no existen parqueaderos para levantar lo que se encuentren, cargar en el cabrestante y proceder a cobrar las onerosas multas regularmente a empleados de bajos ingresos o trabajadores independientes; rechacemos estos aberrantes negociados.

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