Oficina de prensa del concejal Manuel Sarmiento, Bogotá, octubre 6 de 2016
En la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá se realizó el debate de control político sobre Corabastos. Manuel Sarmiento, concejal citante, señaló que las malas administraciones, las graves irregularidades en la contratación interna y la pretensión del alcalde Peñalosa de adelantar en esa zona un negocio inmobiliario, amenazan la existencia de la Central de Abastos más grande de Colombia.
Explicó el alarmante caso del contrato de concesión con el consorcio COVIAL S.A., suscrito en 2005 para la reparación y mantenimiento de la malla vial interna, a cambio del 80% de los ingresos recaudados por el peaje interno, uno de los más caros del país. Desde la celebración de este contrato, se le han realizado 18 adiciones, muchas de las cuales no guardan relación con el objeto original y que, según la Contraloría General de la República, “ha creado que este contrato tenga plazo, término y valor indeterminado, generando incertidumbre sobre las condiciones del mismo y desnaturalizando el contrato de concesión, lo que a futuro puede generar detrimento patrimonial a la Corporación”.
El concejal Sarmiento advirtió que las modificaciones al contrato violan las normas de contratación y los principios de imparcialidad y objetividad y denunció que la adición No. 18 además de suscribirse con un objeto diferente tuvo enormes sobrecostos. Denunció que “en 2013 se inició un proceso para contratar la obra de reparación de la bodega 35 con un presupuesto aprobado de $498 millones, pero la administración de Corabastos decidió hacer una adición más al contrato de concesión con COVIAL en la que se presentó un presupuesto de $9.401 millones”.
En el mismo sentido Sarmiento reveló que, sin esclarecer razones y criterios de selección, la Junta Directiva autorizó la contratación de la firma de abogados de Enrique Vargas Lleras, hermano del vicepresidente Germán Vargas Lleras, para la defensa jurídica en la demanda interpuesta a Corabastos por Corapark.
Finalmente el cabildante del Polo resaltó que el marchitamiento y la pretensión de la Administración Peñalosa de trasladar a Corabastos mediante una Alianza Público – Privada, favorecerían el monopolio de la comercialización de alimentos, agravando las condiciones de productores y compradores de distintas regiones que actualmente venden y se abastecen en ese lugar, y además, arriesgan la seguridad alimentaria de miles de hogares que se aprovisionan en la Central de Abastos más importante del país.