Amaury Núñez González, http://lasillavacia.com/, enero 12 de 2017

La CUT exigió un incremento del 14% al comenzar la “concertación”, basados fundamentalmente en el comportamiento que ha tenido el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos y la incidencia de las determinaciones salariales.

Lo anterior partiendo de una inflación anual de 6,69% para ingresos bajos, una pérdida de 0,26% del poder adquisitivo en el aumento del salario mínimo para 2016, un remanente de 1,4% de aumento por concepto de la productividad que le quedaron debiendo en el 2015 a los trabajadores, además de la deuda histórica de 5,65% para recuperar lo que en lo corrido del siglo XXI se les esquilmó en los aumentos anuales, hasta hoy equivalente a 4,5% del PIB, y que entre 2003 y 2015 se ha diezmado en 14,5%.

También demostraron que la productividad de todos los factores de la economía es inferior a la productividad media del trabajo. Luego, frente al estancamiento económico nacional la responsabilidad no se le debe cargar a la fuerza laboral, ya que su rendimiento, además de ser creciente y progresivo, es superior al de todos los demás factores. Resulta entonces inaceptable que la política salarial y fiscal sea un coctel de vientos cruzados para el trabajador colombiano, teniendo una estructura de mercado laboral en donde el 85,25% de los trabajadores gana menos de 2 salarios mínimos.

La sobreexplotación de la fuerza de trabajo se convierte en un mecanismo de compensación frente al retroceso sufrido por la industria manufacturera y el empleo de la tecnología en la producción, síntoma de una dependencia estructural propia de economías como la colombiana. El neoliberalismo profundizó esta dependencia estructural acometiendo toda clase de políticas contra el trabajo mientras agudizó su vulnerabilidad, a la vez que se produjo una restructuración productiva que, desde el punto de vista del comercio exterior, engendró una especialización con base en la reprimarización de las exportaciones.

Por otro lado, espera recaudar cincuenta y tres billones de pesos adicionales en impuestos. El primer año $9 billones en impuestos indirectos, a través de impuestos como el IVA de 19% y el Impoconsumo, regresivos por naturaleza.

Entre tanto, en impuesto de renta, principalmente de transnacionales y grandes empresas, se espera una reducción de $2 billones. Para el 2022 los indirectos sumarían $27 billones, en tanto los de renta aumentarán en sólo $382 mil millones. Impuestos regresivos por encima de los progresivos.

Justicia Tributaria y las centrales obreras han dicho que, con eliminar beneficios tributarios de los monopolios, revivir el impuesto a las remesas del 7% al capital extranjero, gravar dividendos a personas naturales y jurídicas, perseguir la fuga de capitales en paraísos fiscales como Panamá, reducir la evasión fortaleciendo la fiscalización y acometer una política anti contrabando más agresiva, el saldo podría sumar $41,26 billones de recaudo adicional al año.

Este plus en el recaudo, de la mano del ajuste del cinturón en el gasto público, parte de una orientación de política fiscal basada en el dogma de las “finanzas sanas”, consistente en buscar su sostenibilidad, restricción presupuestal al gobierno y solvencia de las finanzas públicas, y proscribe cualquier política para la reactivación económica y del consumo a través de mejoras en el poder adquisitivo de los colombianos. Los sectores populares y las clases medias son quienes lo terminarán soportando.

El Nobel de Economía Wlliam Vickrey escribió en las “ que para “avanzar por la senda de la prosperidad real es necesario desechar nuestra irrazonable obsesión ideológica por la reducción del déficit de gobierno”, defendida por quienes calificó de “apóstoles de la austeridad”, que en su mayoría “no comparte los sacrificios que recomiendan a los demás”, y que, de no lograrlo, “estaremos patinando sobre una capa de hielo muy delgada”. En Colombia esa capa se le quiebra en los pies a quienes nos gobiernan, mientras se les hielan los huesos a quienes pagan sus desafueros.

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