Los más de 305.000 suscriptores de Efigas en el eje cafetero recibimos el 2012 con exageradas alzas en el servicio público de gas natural domiciliario, el metro cúbico mensual registró una subida de $503,30 en el 2011 a $836,89 en 2012, un incremento del 66,28%, porcentaje que supera de lejos el pírrico incremento salarial. Las razones del alza deben encontrarse en la política de privatización, desregulación y la concepción de negocio que adquirieron los servicios públicos en Colombia a partir de la expedición del artículo 365 de la Constitución Política y la posterior Ley 142 de 1993.
Estas políticas han estimulado la presencia de poderosos grupos económicos y del capital financiero internacional en la prestación del servicio, al punto que una histórica multinacional norteamericana, la Chevron Petroleum Company, produce cerca del 60% del gas que consume el país y tiene participación en los campos de producción Ballena y Chuchupa, ubicados en el departamento de la Guajira que son la fuente de suministro de gas natural más grande del país. En la cadena del gas natural en Colombia convergen intereses de capital norteamericano y español, en asocio con capital nacional, donde cada vez es vez más importante la presencia de Corficolombiana, de propiedad del Grupo Sarmiento Angulo, que registra acciones en Promigas[1], la Empresa de Energía De Bogotá – EEB y Gas Natural S.A. ESP.
Paradójicamente mientras estas empresas registran millonarias utilidades los usuarios levantan su voz de protesta por el incremento desmesurado en los costos del combustible. A la par que el gobierno colombiano anunciaba el aumento de “la producción de gas natural en los próximos cuatro años, de 1.100 a 1.350 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd), lo que representa un incremento de 250 millones por día”[2] de los cuales 170 millones ingresaron el año pasado, al mismo tiempo las empresas se preparaban para facturarle a los usuarios valores muy superiores a la inflación, que descuadran las cuentas de las empobrecidas familias del tercer país más desigual del mundo, según estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde se supera con dificultad a Haití y Angola.
La tarifa cobrada a los usuarios es la suma de cinco componentes: Suministro, transporte, distribución, comercialización y el denominado factor de corrección, que recoge al final del año, la diferencia entre el valor cobrado a los usuarios por los dos primeros componentes y el valor pagado a los proveedores por la empresa prestadora por dichos conceptos. Este es un negocio donde todos los agentes que participan ganan, con excepción de los usuarios. Para el caso del eje cafetero Ecopetrol y Chevron en el suministro, Transportadora de Gas Internacional, TGI[3] en el transporte y EFIGAS en la distribución, comercialización y aplicación del factor de corrección.
Los costos de los distintos componentes que afectan la tarifa final son definidos de acuerdo a los criterios establecidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. Es así como en la definición del costo de suministro se incluyen variables como los precios internacionales de los combustibles. En esta lógica la formula definida a través de la Resolución CREG 119 de 2005, tomó como base el “New York Harbor Residual Fuel Oil 1.0 % Sulfur LP”, publicado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, como índice de referencia para calcular los máximos de los precios del gas natural producidos en los campos de la Guajira y Opón. En esta misma resolución se estableció que el precio de gas de Cusiana, sería determinado libremente, es decir no habría precio máximo, cuando la capacidad de producción de gas de este campo superara los 180 Mpcd, situación que se dio en junio de 2006 lo que eliminó en este caso la intervención de los organismos gubernamentales en la definición de los precios.
La política de la CREG, organismo de la rama ejecutiva adscrita al Ministerio de Minas y Energía, es decir, que depende directamente del gobierno nacional, ha sido someter los costos de suministro y transporte del gas natural, a variables externas como son el precio del dólar y el precio del petróleo, dejando al usuario a merced de la especulación y dándole peso legal a la práctica de las empresas prestadoras del servicio, que a través del factor de corrección le trasladan a los usuarios los costos adicionales en los que incurren en sus contratos de suministro y transporte de gas, costos que en el caso de EFIGAS, para el año 2012, crecieron 75% y 96% respectivamente[4].
Los aumentos exagerados que sin duda se seguirán presentando, si varía la tasa de cambio y los precios de los combustibles, no son problemas de inaplicación de las leyes de la república y la regulación respectiva, por el contrario es la normativa la que permite este tipo de abusos y de exacciones contra los usuarios y sin duda alguna dificultan el acceso a millones de hogares, industrias y propietarios de vehículos que aún no poseen el servicio, teniendo en cuenta que la cobertura actual[5] es del 47% (unos cinco millones de hogares); 40% (3.200 firmas) y tan sólo 7% (unos 312.000 vehículos) respectivamente. Sin duda alguna es necesario someter a debate y examen la regulación tarifaria definida por las respectivas comisiones y exigirle a la Superintendencia de Servicios Públicos que juegue algún papel en favor de los ciudadanos. Por el momento nos toca a los usuarios y a sus organizaciones, con las escasas herramientas que tenemos, propiciar lo escenarios para que se discuta una política pública donde los servicios se garanticen en una perspectiva de derechos y en un ambiente donde no prime el lucro y la máxima ganancia.
Notas:
[1] PROMIGAS es propietaria del 48,9% de las acciones de Gases del Caribe, quien a su vez es la propietaria de EFIGAS S.A E.S.P que se constituyó como resultado de la fusión de las tres empresas del eje cafetero (Gas Natural del Centro, Gas de Risaralda y Gases del Quindío), ubicándose como la quinta empresa de este sector en Colombia.
[2] Ver http://www.portafolio.co/economia/colombia-definira-reglas-claras-el-sector-gas
[3] Empresa cuyo mayor accionista es el Grupo Energía de Bogotá, TGI (68.1%) y Citi Venture Capital 31.9%, una empresa de propiedad de Inversiones en Energía Latino América Holdings S.L., sociedad limitada Española con sede en Madrid, que presta servicio público de transporte de gas, es la mayor transportadora de gas en Colombia con 3 mil 774 kilómetros de gasoductos, con capacidad de transporte promedio de 420 Mpcd.
[4] Ver http://www.lapatria.com/story/asoman-los-aumentos-de-principio-de-a%C3%B1o
[5] Clavijo, Sergio. El mercado del Gas Natural. Comentario Económico Boletín ANIF, 16 de septiembre de 2010.