José Arlex Arias, La Verdad, Cartagena, enero 23 de 2017

El escándalo de corrupción destapado por la justicia de los EEUU, propiciado por la multinacional Odebrecht, no es el primero, ni será el último que secuestra el presupuesto de los colombianos. Basta mencionar unos pocos casos representativos: REFICAR ($12 billones), Bionergy ($700.000 millones), SaludCoop ($1.7 billones), CAPRECOM ($559.500 millones), libranzas ($1.5 billones), Interbolsa ($340.000 millones), DIAN ($400.000 millones), recursos parafiscales de la salud ($224.000 millones), falsos recobros al FOSYGA ($943.900 millones), pirámides ($2.16 billones), Dragacol ($1.2 billones), Coomeva ($146.900 millones), COMSA ($120.000 millones), vía de Bogotá – Girardot adjudicada por la ANI ($170.000 millones), Transmilenio y carrusel de la contratación en Bogotá ($2.2 billones) y la recolección de basuras en Bogotá ($348.000 millones); además de Agro Ingreso Seguro, CAJANAL e Invercolsa, donde un ministro del Interior y Justicia compra acciones, al parecer con información privilegiada, para quedarse con una empresa que privatizó. A esto agreguemos la cantidad de demandas en contra del Estado colombiano por miles de miles de millones de dólares a raíz de cláusulas leoninas firmadas en los tratados internacionales.

 

A esta vena rota de corrupción, agreguemos la que se presenta cuando el 80% de los contratos nacionales y el 90% de los territoriales (municipios y departamentos) se le entregan a un solo proponente, similar al caso Odebrecht; hay una gran descomposición de la más absoluta corrupción en casi todas las concesiones, en el manejo de los presupuestos regionales y en los ministerios; lo más grave es que se compra la impunidad con altos niveles de corrupción en muchos jueces, fiscales, magistrados, altos tribunales de justicia, contraloría y procuraduría. El “todo vale” por obtener plata y conseguir poder los lleva a atentados en contra de la vida, la dignidad humana y la democracia, como se ha visto en los escándalos de las chuzadas, la “yidispolítica”, los falsos positivos, la parapolítica y el proceso 8000, casos donde aún hay impunidad. Este estado de corrupción es muy inherente a un modelo neoliberal de capitalismo salvaje, en donde su objetivo principal es maximizar las ganancias del sector privado y de los particulares. Es por eso que la corrupción tiene filiación política.

 

Todos estos escándalos relacionados –faltan muchos más– sucedieron durante la vigencia del modelo neoliberal, es decir, que en ellos tuvieron que ver todos los gobiernos, los cuales incluso firmaron pactos contra la corrupción, que son una especie de “cantos de sirena” para seducir incautos, cuando es claro que uno de los ejes del modelo es colocar los presupuestos de las Naciones al servicio de las multinacionales y potentados. Por eso, siendo la corrupción un gravísimo problema, la causa principal de la pobreza y la miseria es el modelo económico que facilita dicha corrupción. Aquí encontramos la razón por la cual la filiación política del corrupto solo es mencionada y comentada cuando se trata de la cometida por dirigentes de oposición, quienes por esa calidad merecen toda la censura, pero tampoco más que quienes hacen parte del gobierno y son los responsables de la situación que vivimos los colombianos. ¡La corrupción tiene filiación política, toca señalar a sus partidos!

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