Aurelio Suárez Montoya, Informativo CUT, octubre de 2016
“Urge una reforma tributaria estructural”, se nos dice, y muchos piensan que así desaparecerán los problemas económicos. No obstante, el SOS fiscal expresa una determinada economía política, con cargas y beneficios que, como anota Ha Joon Chang, reiteran que “la economía es un argumento político”.
La política económica de Capital Extranjero y libre comercio
El aspecto relevante de la política económica en los últimos 15 años es el incremento del capital extranjero como variable de cierre y fuente complementaria de inversión. Los arreglos macroeconómicos decretados por el FMI a comienzos de siglo y las adecuaciones en sectores como el financiero y el minero-energético sirvieron de imán para atraer flujos de ahorro foráneo. “La dependencia de recursos externos para financiar la Formación Bruta de Capital pasó de 0,4 puntos en 2005 a 17 en 2012” (Dane); el rubro de necesidades de financiación externa entre 2011 y 2015 subió del 7,1% del PIB al 14,5% (FMI), y la inversión extranjera, entre 2000 y 2015, acumuló 133.500 millones de dólares (Banrepública).
Ahora bien, la contrapartida de dicha inversión en forma de remesas de ganancias resultó mayor que el volumen invertido: 156 mil millones de dólares. Este desbalance de la renta de factores constituye causa primera del déficit recurrente de la balanza de pagos, que en 2015 llegó al 6,5% del PIB, cerca de $60 billones, su punto culminante, y explotó con el saldo negativo del comercio exterior que desde 2013 hasta junio de 2016 suma ya 27.654 millones de dólares. En el frente externo se causó el principal quebranto: los egresos superaron los ingresos.
La financiación del faltante, sumada al declive de los precios del petróleo y sus efectos en el goverment take, explica en gran medida tanto el viacrucis fiscal, que en 2016 cerrará con déficit estimado de 3,6% del PIB, como el alza de la deuda pública del 29,7% del PIB en 2009 al 50,6% en 2015, y a cuyo servicio se destinará buena parte de los nuevos recaudos, mucho más que a la eventual redistribución en gasto social.
Costo de beneficios a grandes personas jurídicas equivale a ocho reformas tributarias
Elemento desconocido es el costo fiscal de los beneficios tributarios entregados en quince años dentro de la Confianza Inversionista. Entre 2004 y 2014, por la vía de ingresos no constitutivos de renta, exenciones y deducciones, grandes empresas financieras y mineras se favorecieron con $58 billones (a pesos de 2014) y para 2015 el cálculo fue de $9 billones más. Agreguemos que, entre 2007 y 2015, por la eliminación del impuesto del 7% a las remesas de utilidades al exterior, se regalaron otros $18 billones a corporaciones, incluyendo empresas off shore en Panamá. Si se anexan las ventajas otorgadas a 70 contratos de seguridad jurídica suscritos entre 2006 y 2014 con compañías transnacionales y de conglomerados económicos, blindándolos contra modificaciones en impuestos hasta por 20 años, y si se adiciona el régimen de renta especial para zonas francas, los incentivos otorgados llegarían sin dificultad a valer cerca de $100 billones, ocho reformas tributarias. Este despropósito refuta de plano el que los grandes contribuyentes no pueden con un peso más de impuestos.
La propuesta de la Comisión de Expertos: peor el remedio que la enfermedad
Aunque no es seguro que dicha Propuesta sea la definitiva, sus tres pilares, recomendados por la OCDE, serán, sin duda, los ejes: 1) el aumento del IVA al consumo y a los combustibles y con más bienes y servicios incorporados traería un recaudo inmediato de entre doce y trece billones de pesos, pues por cada punto más ingresarían cerca de $3,2 billones; 2) disminuir el impuesto de renta a las mayores empresas y, en compensación, enganchar a tres millones de asalariados formales con rentas líquidas netas de $1,5 millón mensual, incluyendo así al 40% de los trabajadores formales; 3) Reforma de tributos territoriales. Tres piezas que forman una ecuación tributaria indisoluble.
El Impuesto a Utilidades Empresariales (IUE), que se fijaría entre el 30% y el 35%, implica aplicar igual tarifa a todas las empresas, independientemente del tamaño o del valor agregado que produzcan. Cruzando datos de Confecámaras (2015) con los de Supersociedades y DANE —para el número y las utilidades brutas de las firmas en Colombia—, el Coeficiente de Gini se ubica entre 0,75 y 0,80, más inicuo que el de las personas, que es 0,529.
En efecto, hay 1’379.284 en total. De ellas el 92%, 1’273.017, son microempresas que perciben 12% de las utilidades brutas empresariales. Y hay 79.126 pequeñas, el 6%, que captan el 35%. Unas y otras pagan hoy 34% de tarifa de impuesto de renta. A contramano, hay 26.341, el 2%, entre medianas y grandes, declarantes ante Supersociedades, que obtienen el 53% de las ganancias. Estas últimas pagan 25% de imporenta + 9% del CREE + 6% de sobretasa del CRRE, 40%, y se les bajaría la tasa nominal.
La Comisión aduce en los numerales 135 y 137 que se eliminarían los beneficios tributarios de marras. No parece evidente, al observarse que la tarifa nominal del IUE sería inferior a la hoy vigente e incluso a la efectiva en muchos sectores. Si se agrega la eliminación de los parafiscales, cuyo pago persiste para empleados de más de diez salarios mínimos, en cierto modo los regalos tributarios anteriores quedarían permanentes. Otra sería la consecuencia si se mantuvieran tanto la tarifa como el cobro de parafiscales, un ingreso adicional que perderían los trabajadores en la Reforma.
Conclusión
A los desvelados por el déficit fiscal les sugiero mirar hacia el lado de quienes disfrutaron de la bonanza, no hacia el de los asalariados medios y las sociedades pequeñas y medianas generadoras de valor y empleo intensivo. Como se ven las cosas, vuelve a regir la frase de Voltaire: “El arte de gobernar consiste generalmente en despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de ciudadanos para transferirla a otra”. Como aquí, otra vez con la privatización de las vacas gordas y la socialización de las flacas.