Mario Alejandro Valencia Barrera, Las2orillas, Bogotá, octubre 17 de 2016
En casi todas las mediciones sobre aspectos económicos y sociales, como la pobreza, el producto interno bruto, el desempleo, la competitividad, el acceso a la salud, la calidad de la educación, entre otros, Colombia se encuentra en la tabla media con relación al resto de países del mundo. Es decir, si nuestro país se compara con los que ocupan la posición baja de la tabla, se diría como consuelo que hay otros peores. Pero si se compara con los de más alta posición, los hechos demuestran que la brecha para alcanzarlos se está agrandando.
Sin embargo, hay mediciones en las que Colombia ocupa las peores posiciones en el planeta, como, por ejemplo, en materia de desigualdad; significa que el país tiene una alta concentración de la riqueza, la cual es un obstáculo para su desarrollo económico.
Para resolver esta anomalía en el funcionamiento de la sociedad, la doctrina y la evidencia económica han establecido que la política fiscal es una de las más efectivas, a través de los impuestos y del gasto público. Una estructura tributaria justa es aquella en donde los más ricos pagan más impuestos. Pero en el caso colombiano, las últimas reformas, especialmente las lideradas por la dupla Santos-Cárdenas, han obligado a los trabajadores de clase media, a los consumidores de ingresos bajos y a las pequeñas y medianas empresas a tener una mayor carga tributaria, mientras los grandes capitales financieros y mineros gozan de jugosas exenciones tributarias. Por lo tanto, la desigualdad no cede.
En cuanto al gasto público, recientes cálculos que ha realizado la Red por la Justicia Tributaria demuestran que la efectividad y el nivel de gasto público en Colombia, en ámbitos como pobreza, desempeño económico, infraestructura, salud, educación y equidad, ubican a Colombia en las peores posiciones en América Latina y con relación a los países de la OCDE.
Así las cosas, el país ha caído en un círculo vicioso en donde las fuentes de ingresos del Estado son insuficientes porque no cobra impuestos a los más ricos, promoviendo la concentración de la riqueza, y por otra parte el gasto público no sirve para mejorar la equidad porque el manejo económico es inefectivo dada la corrupción y escaso en los sectores en donde más debería invertir.
El país está incautado por un gobierno que aun sabiendo cómo mejorar la calidad de vida de la población, toma decisiones en contra de los intereses de esta, para mantener felices a una élite nacional y extranjera que tiene nombres propios y son dueños de bancos, periódicos, carreteras y concesiones petroleras y mineras, y se lucran del atraso nacional.
Como el problema no es académico sino político, el camino para cambiar esta realidad es entender que gobiernos como el actual y sus similares, no son los que lo van a lograr. No hay ninguna razón para creer que la próxima reforma tributaria del presidente Santos y el ministro Cárdenas vaya a ser mejor que las dos anteriores que ellos mismos diseñaron. Por eso sectores sociales, sindicales, empresariales y políticos están promoviendo un gran frente en contra de esa reforma, que se consolidará en un foro el próximo lunes 24 de octubre en el hotel Tequendama.