Manuel Sarmiento, concejal Polo, Bogotá, febrero 15 de 2017

El gobierno de Enrique Peñalosa, como los de las pasadas administraciones, se ha caracterizado por privilegiar la contratación directa que, según el Contralor, es “el caldo de cultivo perfecto para poner en riesgo los recursos públicos del Distrito, además de incubar la corrupción” (bit.ly/2bPXitZ). De acuerdo con el portal de contratación pública, de los 45.982 contratos suscritos por las entidades distritales entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2016, 43.783 se adjudicaron mediante contratación directa, lo que quiere decir que 95 de cada 100 contratistas se escogieron a dedo (bit.ly/2kT24wa). Esto le ha permitido al Alcalde armar un verdadero roscograma de la contratación.

Una de las astucias de Peñalosa para contratar a dedo es firmar convenios con entidades cuya contratación se rige por el derecho privado. Como lo explica el senador Robledo en su libro La corrupción en el poder, se trata de una política para evadir las normas más rigurosas de la contratación pública, pues una entidad que debe cumplir con la Ley 80 contrata a través de otra que selecciona al contratista de acuerdo con las normas privadas. Por ejemplo, la estructuración técnica del metro elevado no la contrató directamente el IDU, sino que lo hizo a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, proceso que no se ajustó a la Ley 80 y que derivó en que se hiciera a puerta cerrada y sin ni siquiera publicar los términos de referencia (bit.ly/2jC5bWs).

Algunos de los contratistas escogidos a dedo resaltan por su cercanía con el Alcalde. A través de la FDN, y aprovechándose de su régimen de contratación privada, la Secretaría del Hábitat contrató a SIGMA GP para que realice los estudios preliminares del proyecto Ciudad Río (bit.ly/2kvxx3b). Uno de los representantes legales de esta firma es Edgar Enrique Sandoval Castro (bit.ly/2lfo9Fz), secretario privado de Peñalosa en su primera administración (bit.ly/2lw6Q00) y primer gerente de Transmilenio (bit.ly/2lfnT9z). La otra representante legal es Natalia Laurens, quien también trabajó en el primer gobierno de Peñalosa, fue subdirectora del IDU en la administración de Samuel Moreno y ha sido salpicada en el escándalo del carrusel de la contratación (bit.ly/2ltHu29).

Óscar Díaz es otro de los contratistas de las entrañas del Palacio Liévano. Como lo demuestra una investigación de Carlos Carrillo, Díaz ha acompañado al Alcalde durante toda su trayectoria, incluso trabajaron juntos en el ITDP, organización que se dedica a promover los sistemas Transmilenio por todo el mundo (bit.ly/2kob6SE). En su segundo gobierno, Peñalosa lo ha contratado en dos ocasiones como su asesor en temas de movilidad, a pesar de que hasta hace muy poco tuvo relaciones de negocios con Recaudo Bogotá, empresa encargada del recaudo y del sistema de información de Transmilenio. Un descarado caso de la repudiable puerta giratoria (bit.ly/2kMupny).

En las cacareadas APP del Alcalde también aparecen contratistas de su entorno cercano. En enero, el mandatario anunció que cinco proyectos de APP relacionados con el espacio público pasaron a la etapa de factibilidad. En tres de estas propuestas aparece la firma Intelred (bit.ly/2kwwdAr), cuyo gerente, Mario Fernando Pinzón, le donó $50 millones a la campaña de Peñalosa (bit.ly/2kcEtCv). ¿No que el Alcalde no recibía plata de contratistas? La subgerente de Alca Ingeniería S.A.S, otra de las empresas estructuradoras de las APP, es Alicia Naranjo, esposa de Pinzón, Directora de Espacio Público del IDU en la primera administración de Enrique Peñalosa y consuegra de Juan Manuel Santos (bit.ly/2lsF8Ax). Para rematar, el hijo de la pareja, Mario Felipe Pinzón, es el representante legal de Fortress S.A.S., firma que también hace parte de los originadores de los proyectos (bit.ly/2lwvxbR). De acuerdo con las normas que rigen la adjudicación de las APP, lo más probable es que la familia Pinzón Naranjo, muy cercana al Alcalde, se quedará con estos tres contratos.
El gobierno de Peñalosa también le adjudicó a dedo un contrato a Data Tools, empresa a la que el condenado exgobernador Álvaro Cruz le entregó un muy cuestionado contrato y que, según La W, es de la familia Ríos Velilla, muy cercana a Vargas Lleras (bit.ly/1KuGTTB). El contrato, por $1.933 millones de pesos, tiene por objeto la puesta en funcionamiento del sistema de información de la contribución por valorización en el IDU (bit.ly/2k3xXOm). Mientras el país se escandaliza por la campante corrupción, el alcalde Peñalosa se dedica a adjudicar contratos a dedo evadiendo las normas de la contratación pública. Con esta práctica se impone un repugnante roscograma de la contratación que funciona bajo la consigna Peñalosa contrata Peñalosa.

Deja un comentario