Moisés Wasserman, El Tiempo, Bogotá D. C., 17 de marzo de 2017

Los documentos que definen grandes políticas de desarrollo nacional han resultado decepcionantes.

Todo el mundo ha oído hablar del Conpes, aunque tal vez no sepa bien de qué se trata. La sigla corresponde a Consejo Nacional de Política Económica y Social. Fue creado en 1958 y es dirigido por el Presidente de la República. El Vicepresidente, todos los ministros y los directores del Departamento Nacional de Planeación y de Colciencias son sus miembros. Los documentos Conpes definen las grandes políticas de desarrollo nacional.

A mediados del 2015 se divulgó un primer borrador de Conpes titulado ‘Política nacional de ciencia, tecnología e innovación 2015-2025’. Fue recibido con gran expectativa y esperanzas por la comunidad científica, sobre todo porque acababa de salir la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que suprimía en la práctica el sistema de ciencia, tecnología e innovación, fusionándolo y supeditándolo al de competitividad.

El documento fue decepcionante. Planteaba unos lemas generales como que Colombia debe ser, en breve, el tercer país más innovador de América Latina, que la ciencia, tecnología e innovación (C., T. e I.) deben ser el mecanismo para afrontar los retos del posconflicto, y repetía (por enésima vez en la historia reciente) la necesidad de aumentar la inversión en C.,T. e I. al 1 por ciento del PIB.

La decepción provenía del hecho de que, además de una repetición de diagnósticos, no planteaba nuevas iniciativas, y de que su enfoque era absolutamente empresarial, supeditando la investigación exclusivamente a la producción de bienes y servicios y a la explotación de recursos naturales. No se le daba valor real a la generación misma de conocimiento, que fue tratada apenas en un par de párrafos, y contemplaba como gran estrategia la creación de cinco nuevos centros (al estilo de los que ya existían y sufrían en ese mismo momento un grave desfinanciamiento). El Conpes era extraordinariamente ingenuo en la esperanza de que con algo de buena voluntad y ‘pujando’, superaríamos a otros países que hacen verdaderos esfuerzos en consolidar su ciencia.

Las objeciones fueron respondidas con posteriores modificaciones, muy superficiales. Se sentía que la intención no era resolver los problemas planteados, sino, con cambios en la redacción, suprimir o volver equívocas y difusas las oraciones del texto que generaron objeciones. Así surgieron planteamientos como el de que había que “direccionar estratégicamente la investigación básica”, es decir, que la investigación básica se permite siempre y cuando sea aplicada. La exclusión de las ciencias sociales, de las humanidades y de las artes también generó gran inquietud.

Salieron otras versiones. La siguiente que conocí, en marzo del 2016, traía un cambio necesario en el título, pues el periodo debía ser ya 2016-2025. Pero, por alguna razón, el documento finalmente no fue aprobado. Rumores de pasillo decían que la ministra de Educación de entonces y la actual (que en esos días era directora de Colciencias), sensatamente se negaron a firmar un documento de política que no tuviera asegurados los mecanismos para su financiamiento.

Otros rumores dicen que el asunto en realidad no iba en serio, que lo que se necesitaba era presentarle a la Ocde pruebas de la existencia de una política de ciencia y tecnología, y que una vez ‘chuleado’ el requisito con la presentación del borrador, no era necesario seguir.

El Conpes que sí salió fue el de la ‘Política nacional de desarrollo productivo’, que contiene algunos de los elementos (obviamente, los más empresariales) de la frustrada política de C., T. e I. No me alcanza el espacio para comentarlo, así que acudiré a algo de numerología: en el documento, de 124 páginas, aparece 24 veces la expresión ‘C., T. e I.’, pero la palabra ‘apuesta’ aparece 80 veces. Como decía el ilustre abogado Perry Mason: I rest my case.

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