Jhon Granados Rico, Tribuna Magisterial, Bogotá, febrero 7 de 2017
Valiéndose de las facultades especiales para implementar los Acuerdos con las FARC, dadas en el acto legislativo 01 de 2016 Juan Manuel Santos, pretende emitir un decreto con fuerza de ley para realizar una profunda reforma al sistema colombiano de educación superior, reglamentando el artículo 58 del Plan Nacional de Desarrollo que ordena crear el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET). La intención del Presidente, la Ministra de Educación Janeth Giha y la Ministra de Trabajo Clara López es imponer a espaldas de los colombianos las orientaciones de la OCDE en materia de educación superior expuestas en los documentos “Políticas prioritarias para Colombia”de 2015 y “Revisión de políticas nacionales en educación. La educación en Colombia” de 2016.
El Sistema de Educación Terciaria (SNET) estaría conformado por dos pilares; el primero, es el de Educación Universitaria y el segundo, es el de Formación Profesional Terciaria. El primer pilar, realiza una distinción entre disciplinas básicas y aplicadas, y el segundo, abarca la educación técnica, tecnológica y añade las maestrías técnicas. Así mismo, introduce el Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria (SISNACET), que establece los lineamientos generales de toda la oferta de la educación terciaria, articulado al Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), que estructura la oferta de la educación terciaria según la reglamentación emitida por los Ministerios de Educación y del Trabajo, sujeto a las necesidades del mercado laboral. En esta línea, el MNC se relaciona con el Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC) lo que permite la movilidad de los estudiantes en el sistema de educación terciaria.
El SNET implica una reforma solapada a la ley 30 de 1992 que organiza la educación superior. Primero, la mencionada ley establece un sistema jerárquico vertical compuesto por Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas y Universidades, por tanto, la movilidad del estudiante en el sistema se da por el reconocimiento de los títulos otorgados por las instituciones. Por el contrario, la propuesta de Santos, Giha y López es un sistema horizontal en el cual se permitirá la movilidad de los estudiantes entre los pilares del sistema de educación terciaria por el reconocimiento de los créditos obtenidos en el proceso de formación, equiparando la educación técnica profesional a la educación universitaria.
Segundo, la propuesta elimina la exigencia de tener un título de profesional o título en una disciplina académica para acceder a un programa de maestría con la creación de la Maestría Técnica. A este tipo de programas podrán acceder estudiantes que posean tan solo título de tecnólogo con especialización tecnológica y que demuestren experiencia de dos años en el sector productivo. También quita la investigación teórica y aplicada como fundamento de los programas de maestría, la Maestría Técnica reduce la investigación a los problemas concretos del sistema productivo.
Tercero, Con el Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria (SISNACET), el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y el Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC) el gobierno nacional crea una institucionalidad paralela al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), al Sistema nacional de Acreditación, al Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y al Sistema nacional de Información de la Educación Superior. Le otorga facultades plenipotenciarias al Ministerio de Educación y del Trabajo para “reglamentar los procesos correspondientes al aseguramiento de la calidad de los programas del pilar de la formación terciaria”, desconociendo la estructura del CESU y del CNA.
La estructura del SNET le resta importancia a la educación universitaria y científica, priorizando las necesidades del mercado laboral y destacando la “formación profesional (educación técnica)”, cumpliendo la recomendación de la OCDE de otorgar el primer lugar a “las necesidades y mandatos específicos de las instituciones técnicas y tecnológicas”. La propuesta despoja a las Instituciones de Educación Superior de su autonomía al imponerles a sus programas académicos e investigativos las demandas del mercado laboral y del sector privado. La evidencia de esto son las funciones del Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria (SISNACET) y del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC).
La materialización de esta política garantiza el atraso científico y productivo de Colombia, porque limita el campo de formación e investigación de las Instituciones de Educación Superior públicas y privadas al desarrollo de una estrategia de transferencia tecnológica al sector rural y productivo del país. Para resaltar este grave error vale la pena recordar la célebre frase el científico Británico J. J. Thomson: “La investigación en la ciencia aplicada conduce a las reformas; la investigación en la ciencia pura conduce a las revoluciones”.