Dignidad Agropecuaria Colombiana, Bogotá, febrero 15 de 2017
Ayer la Fiscalía ordenó detener a más de 20 dirigentes gremiales de los camioneros colombianos. Lo hizo acusándolos de diversos delitos y, en una acción de “mala leche”, mezcló asuntos ligados a la justa movilización adelantada en 2016, con situaciones individuales, de conocimiento público y frente a las cuales se adelantan investigaciones, contra algunos de ellos pero que, nada tiene que ver, con la protesta social adelantada.
Lo que pretende la fiscalía, con la forma como adelanta el operativo, es enlodar al gremio camionero, penalizar la protesta social, judicializar los dirigentes y ocultar el escándalo de corrupción por los sobornos de Odebrecht, para cobrar a los transportadores tradicionales la oposición que hicieron al TLC suscrito con los Estados Unidos y en el que, el gobierno colombiano acepta eliminar la norma de la legislación que obliga a que, para ingresar al servicio público un tracto-camión nuevo debe eliminarse un camión que haya cumplido su vida útil.
Eliminar dicha norma tiene como fin que ingresen, sin control alguno, tracto-camiones para beneficiar, no solo a los monopolios norteamericanos que los producen sino, a los consorcios extranjeros que quieren monopolizar el transporte terrestre en el país.
Al mismo tiempo, la Fiscalía mezcla las investigaciones que adelanta en relación con delitos cometidos en la renovación del parque automotor. En ese asunto las autoridades harán las investigaciones necesarias pero, debe garantizarse a los implicados, el debido proceso y si, alguien ha cometido actos contra el patrimonio público, tendrá que asumir las consecuencias. Pero no se puede, para burlar lo acordado con los camioneros en el paro pasado, tratarlos a todos como delincuentes.
Dignidad Agropecuaria Colombiana ha acompañado al gremio camionero al igual que ha contado con su respaldo en las movilizaciones adelantadas. Nos conocemos y por eso somos solidarios con ellos. Exigimos al gobierno cese, inmediatamente, la persecución y proceda a dejar en libertad a aquellos a quienes se quiere criminalizar por “obstrucción de vías” y demás cargos ligados a hechos inevitables en la protesta social. Al igual que solicitamos cese el proceso contra los cafeteros de San Gil por hechos parecidos.