Jorge Enrique Robledo, Senador de la República
Esta colaboración con El Usuario, dados los muchos afanes electorales, es la ponencia que presenté en el Encuentro Regional de Eje Cafetero sobre Servicios Públicos, realizado en Pereira el 29 de abril de 2000, análisis que mantiene toda su vigencia y del que debe deducirse la necesidad de organizarse y movilizarse para derogar Ley 142.
Luego de un lustro de privatizar las empresas de servicios públicos de Colombia que sean o puedan ser rentables para el capital privado, la experiencia permite juzgar esa política.
Ella tiene origen en las necesidades del capital monopolista extranjero. En palabras de Luis Mauricio Cuervo, director del Cider de la Universidad de los Andes, “la globalización ha llevado a las naciones industrializadas de occidente, presionadas por la competencia japonesa y asiática, a abrir nuevas ramas de acumulación de capital: telecomunicaciones, energía y servicios urbanos agua, recolección y tratamientos de basuras especialmente… Esto (se refiere a los problemas fiscales internos de los países atrasados) y la caída de la tasa de ganancia en los países del norte mejoró las condiciones de rentabilidad para la inversión en nuestros países. De esta manera concluye- se creó el contexto económico y político para la intervención del capital, nativo y extranjero, en esta rama de la actividad”. En el caso de Colombia, por ejemplo, tanto el acta de compromiso signada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Plan Colombia acordado con el gobierno de Estados Unidos, están condicionados a que se privaticen ISA, Isagen y las electrificadoras regionales. Y las privatizaciones que se avecinan en acueducto y alcantarillado vienen presionadas por la contratación de nuevos créditos externos.
Las más notables consecuencias de la venta de las empresas de servicios públicos al capital privado, y fundamentalmente al extranjero, han sido las siguientes:
Las políticas neoliberales en las que se sustentan las privatizaciones despojan a los servicios públicos del carácter de derechos ciudadanos inalienables que tenían antes, convirtiéndolos en vulgares mercancías que sólo deben estar a la orden del que pueda pagarlas al precio que determinen los empresarios que las ofrecen. Es esto lo que refleja el paso de servicios a negocios y de usuarios a clientes.
Las privatizaciones no acaban con los monopolios. Simplemente, sustituyen los monopolios públicos por los privados. Y éstos, naturalmente, se aprovechan de sus condiciones monopólicas para esquilmar a unos clientes que ni siquiera tienen la opción de comprarles a otros o de renunciar, sin graves sufrimientos, al servicio.
Existen serios estudios que inclusive demuestran que en el caso de los servicios públicos, sector en el que por definición aparecen economías de escala, la competencia no aumenta la eficiencia sino que la disminuye, aumentando los costos de producción de los servicios.
Alzas escandalosas en las tarifas, incrementos que se han dado antes y después de que se hacen las privatizaciones, pero que siempre tienen como causa principal que sin ellos no es posible ofrecerle al capital privado el único estímulo que lo moviliza: ganancias superiores o por lo menos iguales a las que consigue en otros sectores de la economía. Y esos incrementos tarifarios por encima de los índices de inflación nacional siguen siendo la política del gobierno. Por ejemplo, en 1999 la inflación fue de 9.23% y las tarifas se elevaron 23%, en tanto que para el año 2000 el gobierno tiene proyectada una inflación de 10%, con un alza de tarifas de 20%. En el caso de la telefonía, la disminución de los precios de la larga distancia internacional ha sido más que compensada por los incrementos en la larga distancia nacional y, sobre todo, la local, produciéndose un cambio perverso en el que los pobres terminaron pagando más por sus llamadas que los ricos. Lo mismo está ocurriendo con las tarifas de energía, en las que los usuarios no regulados (los grandes) pagan por kilovatio lo mismo que cancelan los del estrato uno.
El Estado puede prestar los servicios públicos a precios subsidiados o con unos que igualen su costo de prestación más el de la ampliación de las redes (sin incurrir en pérdidas), pero así no puede actuar la empresa privada que siempre tendrá que cobrar esos mismos costos más otra suma que le asegure utilidades y acumular riqueza en dinero contante y sonante que pueda trasladar a otros negocios. Es por esto que siempre serán más costosos los servicios privados que los públicos.
Los organismos de control creados por las leyes que impulsan las privatizaciones han demostrado su incapacidad para controlar los monopolios privados, si es que en verdad tienen ese propósito y no son simples instrumentos de la demagogia oficial.
Como dicen los neoliberales, quienes compran las empresas de servicios públicos no se llevan sus activos al extranjero. Pero sí se llevan las utilidades que producen, con lo que se hace más lenta la acumulación de la riqueza en el país y se complica todavía más sacar a Colombia de su gran atraso.
La Asociación de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y Afines (Aciem) también ha denunciado que para la ejecución de sus obras las empresas privatizadas establecen sistemas de contratación sesgados en contra de la ingeniería nacional y en favor de los contratistas extranjeros, lo que también genera desempleo y entraba la formación de ahorro nacional.
Las privatizaciones implican despidos masivos y sistemas de contratación que reducen la estabilidad laboral, el derecho de organización y los salarios. Entonces, una parte considerable de las mayores utilidades de las empresas privatizadas no responde a aumentos de la productividad del trabajo sino al incremento de su explotación, lo que, además de antisocial, conspira en contra de la prosperidad del país y de su desarrollo tecnológico.
Las privatizaciones también conducen al desmejoramiento de los servicios o a su negación entre los sectores que no puedan pagar las tarifas que movilizan al sector privado. Esta realidad es especialmente preocupante en las zonas rurales, donde la pobreza es aún mayor que en las áreas urbanas, los altos costos de instalación de los servicios impide que generen utilidades y todavía millones de colombianos carecen de ellos.
Las empresas que se privatizan se venden a precios que no sólo no pagan el valor de los activos que se enajenan, sino que ni siquiera cubren los valores que indican las utilidades que producen. Han sido frecuentes las ventas por la mitad y hasta por un tercio de los costos de oportunidad. El truco para justificar estas estafas legalizadas en contra del patrimonio nacional consiste en que los inversionistas extranjeros exigen tasas de descuento (utilidades) para sus inversiones hasta por el triple de las que consiguen en sus lugares de origen, y el gobierno baja los precios de venta de las empresas hasta cuando les cuadren las cuentas.
Los dineros percibidos por el Estado a cambio de feriar el patrimonio nacional ni siquiera se han convertido en nuevas fuentes de acumulación de riqueza. Casi todos ellos han ido a pagar la deuda externa y atender el déficit fiscal.
Las privatizaciones también atentan en materia grave contra la soberanía nacional, porque le trasladan al capital extranjero el control de sectores estratégicos de la economía colombiana.
En consecuencia con estas realidades, este Encuentro se opone por razones de principios a las privatizaciones de las empresas de servicios públicos que aún no lo han sido y se plantea en favor de la reversión general de las privatizaciones que ya se han dado.
Asimismo, reclama que cualquier política sobre servicios públicos se defina de manera soberana por la nación colombiana, sin ningún tipo de imposición por parte del capital extranjero, y atendiendo muy especialmente a las necesidades de los sectores populares.